INVASION A PANAMA (OPERACION CAUSA JUSTA)

Fecha 20 de diciembre de 1989 - 3 de enero de 1990

Lugar Panamá

Resultado Captura del General Noriega


Se conoce como Invasión de Panamá a la Operación Causa Justa realizada por el ejército de los Estados Unidos de América el 20 de diciembre de 1989 con el propósito de capturar al General Manuel Antonio Noriega, Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de la República de Panamá, quien era requerido por la justicia estadounidense acusado del delito de narcotráfico.

Antecedentes

El 11 de octubre de 1968, los mandos medios de la Guardia Nacional, encabezados por el Mayor Boris Martínez, dirigieron un golpe de estado derrocando al entonces presidente electo y constitucional Arnulfo Arias Madrid, quien tenia sólo 11 días de haber tomado posesión del cargo. Este evento dio inició a una dictadura militar liderada por una junta provisional de gobierno que duró hasta 1969, cuando asumió el cargo de Comandante en Jefe el General de Brigada Omar Torrijos Herrera. En 1972 el gobierno militar designó un Congreso Constituyente que redactó una Carta Magna y nombró a Demetrio Lakas como Jefe de Gobierno y al General Omar Torrijos como Jefe de Estado. Como un objetivo político del gobierno se negocia un nuevo tratado del Canal de Panamá, que reemplaza al modelo negociado en los años 60 del Tratado Johnson – Robles.

En 1977, el General Omar Torrijos Herrera como Jefe de Estado de la República de Panamá y Jimmy Carter como Presidente de los Estados Unidos de América, firman los nuevos Tratados del Canal de Panamá ó Tratados Torrijos-Carter, donde en sus cláusulas principales los Estados Unidos acuerda la devolución de los territorios administrados, el control de la operación del Canal, el cierre de las bases militares y la salida de todos los soldados estadounidenses de Panamá. El Tratado Torrijos – Carter acordaba un calendario para la transición de todos los aspectos referentes al Canal de Panamá, antes del año 2000. Sin embargo, condicionaba la defensa de la vía de manera conjunta, dando la posibilidad de intervenir armadamente en Panamá si la operación del canal se viese comprometida. En 1983, asumió el cargo de Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá el General Manuel Antonio Noriega, quien fungió por muchos años como G2 o Jefe de la Inteligencia Militar panameña y se le identificaba como estrecho colaborador de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. En las elecciones presidenciales de 1984, las primeras por voto popular desde el inicio de la dictadura militar de 1968, es declarado vencedor Nicolás Arditto Barletta ante el clamor popular de fraude. En tanto, en EE.UU., el senador Jesse Helms exigió que el gobierno norteamericano tomara las medidas necesarias para sacar a Noriega, pero el director de la CIA William Casey salió en defensa del general panameño alegando que éste realizaba tareas importantes para el gobierno de los Estados Unidos.

Pero en 1984 las relaciones con los Estados Unidos se detererioraron cuando Noriega exijió y consiguió el cierre de la Escuela de las Américas en territorio panameño. En dicha academia se formaban militares latinoamericanos que recibían instrucción bélica con un marcado contenido político anti-comunista por parte del Pentágono. En 1985, Nicolás Arditto Barletta renuncia a la presidencia y es reemplazado por el primer vice presidente Eric Arturo Del Valle. Algunas fuentes atribuyen la renuncia de Nicolás Arditto Barletta a la decisión de esclarecer el asesinato del Dr. Hugo Spadafora, quien en reiteradas ocasiones acusó al General Noriega de diversos delitos incluidos asesinatos y narcotráfico.

El segundo al mando de las Fuerzas de Defensa, Coronel Roberto Díaz Herrera, es pasado a retiro en 1986 por órdenes directas del General Noriega. Díaz Herrera hace declaraciones públicas acusando al General Noriega de fraude electoral en 1984, asesinato político y de complicidad en la muerte de Torrijos, lo que generó fuertes protestas entre la población y la creación de un movimiento denominado Cruzada Civilista. En 1988, Eric Del Valle en su calidad de Presidente de la República destituye al General Noriega como Jefe de las Fuerzas de Defensa, quien arremete con todo el poder del ejercito bajo su mando contra la nación panameña, desconociendo a Eric Del Valle como presidente y Roderick Esquivel como vicepresidente. Del Valle se refugia en la embajada de Estados Unidos y luego es trasladado fuera del país. Asume el control del gobierno Manuel Solís Palma como Ministro Encargado de la Presidencia. Sin embargo, el embajador de Panamá en Estados Unidos Juan Sosa fue reconocido como única autoridad del gobierno panameño en el exilio.

Los Estados Unidos comenzaron un bloqueo abierto contra el gobierno leal a los militares panameños, lo que ocasionó una crisis económica, llegando incluso al congelamiento de los bancos para evitar la fuga de capitales. Durante este tiempo los Estados Unidos negociaron condiciones para el retiro del General Noriega del poder sin obtener resultados. En mayo de 1989 tuvieron lugar las elecciones presidenciales entre el candidato de la oposición al régimen militar, Guillermo Endara Galimani, y el candidato respaldado por el gobierno Carlos Duque Jaén resultando Endara Galimani con un triunfo arrasador. Al presentarse los resultados de la votación, el General Noriega imparte instrucciones al tribunal electoral para declarar suspendidos los comicios electorales.

En septiembre, en lugar de asumir la presidencia el vencedor de las elecciones de mayo, es suspendida la constitución y se designa como encargado del Órgano ejecutivo al Ingeniero Francisco Rodríguez, allegado al General Noriega.

Al mes siguiente, fuerzas rebeldes dirigidas por el mayor Moisés Giroldi Vera, tomaron el cuartel central y retuvieron a Noriega. Giroldi, jefe de la compañía de fusileros responsable de la seguridad de la Comandancia, había abortado ya un intento golpista contra Noriega y ello le valió ser ascendido al rango de Mayor, pero su intento por deponer al General Noriega fracasó ante su indecisión por entregarlo al ejército de Estados Unidos que había enviado un helicóptero para tal fin. La situación se torno más confusa cuando sus compañeros pedían su anuencia para dar muerte a Noriega, lo que dio tiempo para que la rebelión fue sofocada por fuerzas leales a Noriega. El Mayor Giroldi y todos los hombres que lo respaldaron en su acción fueron fusilados por instrucciones directas de Noriega.

En diciembre de 1989, la Asamblea Nacional otorgó poderes especiales al General Noriega designándolo como Jefe del Gabinete de Guerra, mientras que declaraba a la República de Panamá en estado de guerra contra los Estados Unidos de América.

El 20 de diciembre de 1989, el presidente de Estados Unidos George Bush (padre) autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos:

• Proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá.

• Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá.

• Detener a Noriega para enfrentar delitos de tráfico de drogas.

• Respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter.

Tiempo después, el diplomático de carrera y miembro de los Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, John Dimitri Negroponte admitiría que el objetivo real de la invasión era mantener fuerzas estadounidenses en un puesto de observación y control sobre el canal debido a que el gobierno de Noriega suponia un peligro para todas las operaciones del canal. El ex director de la CIA, William Webster incluso llegó a admitir que se había sobrdimensionado la figura manipuladora de Noriega con fines propagandísticos dentro de Estados Unidos.1. Esto, sin embargo, no significa de ningún modo que Noriega no hubiese cometido violaciones a los Derechos Humanos y que su gobierno autocrático, anclado a las Fuerzas de Defensa de Panamá, estuviera en contra de la ola democrática que iba cobrando fuerza en América Latina2. Noriega también logró irritar al gobierno estadounidense cuando decidió trabajar con dos adversarios de Washington en la región: el Cartel de Medellín y el gobierno cubano. Aunado a esto, las Fuerzas de Defensa de Panamá acosaban al personal estadounidense que trabajaba en el canal.

Las políticas internas de Washington también jugarían un papel determinante para la decisión de intervenir militarmente en el canal. Tras la disolución de la URSS, los políticos de línea dura presionaron para que el presidente Bush (padre) decidiera actuar ante las repetidas provocaciones de Noriega.

La acción militar

Los norteamericanos dispusieron de 26.000 soldados de las unidades de elite, de los comandos navales, del ejército y la 82o. División Aerotransportada para la invasión. Las Fuerzas de Defensa Panameña sumaban apenas 12 mil efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea.

El ejercito de los Estados Unidos traslado a Panamá a la 82o. División Aerotransportada para la operación militar, la cual contaba con 12,000 soldados. Las bases militares norteamericanas en la riveras del Canal de Panamá, según el tratado Torrijos-Carter que legalizaba la presencia militar en el istmo para la defensa conjunta por ambas naciones de la vía acuática, contaban con un ejercito de 12,000 los cuales no participaron de la Operación Causa Justa.

Dos días antes del ataque, un soldado norteamericano fue abatido cuando traspasó un retén frente al Cuartel Central de la Guardia Naciona, lo que fue considerado como el detonante del conflicto4. La invasión inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones politicas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el Aeropuerto de Punta Paitilla, el Cuartel Central en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo.

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó un armamento de última generación, como los aviones furtivos F-117 Nighthawk o los helicópteros Apache contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento estadounidense, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares 5. El ingreso de los soldados estadounidenses al barrio El Chorrillo, donde se contaban numerosos partidarios de Noriega, fue particularmente sangriento.

No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de Estados Americanos (OEA). La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, se entregaría a las fuerzas de ocupación y puesto bajo arresto.

Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de EE.UU. durante la operación. En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas estadounidenses, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaron las pérdidas materiales.

Consecuencias [editar]

Humanas

Según fuentes nacionales panameñas, instituciones sociales, organismos no gubernamentales y sociedad civil, existen estimaciones de que hubo de entre 100 a 150 víctimas fatales[sin referencias] entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Panamá y población civil. Sin embargo, no existe una cifra oficial.

En algunos medios de comunicación extranjeros se publicaron noticias que indicaban de 3.000 a 6.000 los muertos como consecuencia de bombardeos en el barrio El Chorrillo, sitio donde se encontraba ubicado La Comandancia o Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa y las oficinas del General Noriega, y que más de 20.000 personas perdieron sus bienes y pertenencias, solicitando compensaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos reportó la muerte de 314 militares panameños, 202 civiles de la misma nacionalidad y 23 soldados norteamericanos. De acuerdo con el periodista Bob Woodwards y la cadena de televisión CBS serían un total de 4.500 panameños los que murieron durante el conflicto. (Bob Woodward, The Commanders, Simon & Shuster, Pocket Star Book, New York, 1991, ISBN 671413678)

Económicas

La invasión causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo al comercio en general por parte de la población temerosa de un desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. El barrio del Chorrillo, constituido principalmente por viejos caserones de madera edificados en la época de construcción del canal, fue destruido casi en su totalida, debido en parte a los incendios producto del ataque militar al Cuartel Central. Algunos grupos organizados por Noriega incendiaron parte del Chorrillo a manera de retrasar la toma de la Comandancia y permitir la salida de Noriega del área. Siendo la Policía un componente de las Fuerzas de Defensa, se dejó sin autoridad policial la Ciudad de Panamá, permitiendo el ataque a edificios públicos, escuelas, comercios y hasta viviendas particulares, por parte de delincuentes comunes, hasta que se restaurara la fuerza policial.

Políticas

Noriega fue llevado a EE.UU., enjuiciado por el delito de narcotráfico y condenado a 40 años de prisión. También en Panamá fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato de Hugo Spadafora, 20 años por la masacre de Albrook y el fusilamiento de miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, 20 años por la ejecución de Moisés Giroldi, 5 años por delito contra la libertad individual de Humberto Macea y 18 meses por corrupción de funcionarios.

Guillermo Endara, ganador de las elecciones de mayo 1989, prestó juramento en una base militar como Presidente de Panamá, dando por terminada la dictadura militar iniciada en 1968 y llevando al país a elecciones democráticas, ejercidas hasta el presente. Por medio de reformas constitucionales, Panamá declara abolido su ejército. El 31 de diciembre de 1999, en fiel cumplimiento a los tratado Torrijos - Carter, se produce la salida del último soldado estadounidense de territorio panameño y la reversión del territorio de la Zona del Canal a la soberanía de la República de Panamá.

Antecedentes

El Tratado Hay-Buneau Varilla en 1903 permitió a EE.UU la construcción, uso y control del Canal de Panamá a perpetuidad. La presencia militar y la intervención en los asuntos internos del país por parte de EE.UU se hizo notoria de ese entonces.

Así apoyó el golpe militar de 1968 encabezado por el mayor Boris Martínez que luego colocó en 1969 a Omar Torrijos en el poder. Sin embargo, en 1977 EE.UU acepta la devolución progresiva del canal a Panamá a través del Tratado Torrijos-Carter. En 1983 llegó al poder el coronel Manuel Antonio Noriega, antiguo colaborador de la CIA, que fue acusado por el gobierno estadounidense de tráfico de drogas y blanqueo de dinero.

Pero estos presuntos delitos eran conocidos con anterioridad y fueron ignorados mientras Noriega servía a los intereses de EE.UU, al extremo de ser felicitado varias veces por la DEA por su apoyo a la lucha de esa agencia estadounidense contra el narcotráfico.

Cuando el gobierno de este país cambió de postura con respecto a Noriega la prensa empezó a tratar el tema: las acusaciones de corrupción y la represión contra la población de su país provocó un sentimiento de rechazo a la figura del dictador por parte de la opinión pública norteamericana, a lo que se unió un proceso judicial por tráfico de drogas.

Comenzaron entonces las presiones para que renunciara a su cargo y sanciones económicas a Panamá; los incidentes entre fuerzas locales y estadounidenses empezaron a ser frecuentes. En 1989 se produjo la anulación por parte de Noriega de las elecciones presidenciales.

Las protestas de la oposición fueron brutalmente reprimidas ante los ojos de la comunidad internacional, al igual que el intento de golpe de estado que tendría lugar más tarde. Esto provocó un clima favorable para la intervención en EE.UU.

Las razones dadas por George H. W. Bush para justificar la invasión fueron:

Proteger la vida de los ciudadanos norteamericanos que residían en Panamá.

Defender la democracia y los derechos humanos en Panamá.

Detener a Noriega para combatir el tráfico de drogas.

Defender el tratado Torrijos-Carter sobre el canal.

Pero contra tales razones, muchas fuentes consideran que el objetivo real del ataque fue destruir las fuerzas panameñas que tendrían que ocuparse en solitario de la vigilancia del canal a partir del 2000, gracias al tratado Torrijos-Carter. Una vez eliminado el ejército local, las tropas norteamericanas se quedarían en la zona y se buscaría un gobierno favorable a la anulación de los tratados que restauraban la soberanía del canal.

La acción militar

La operación (denominada Causa Justa) se inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones que tenían como objetivo anular la posible respuesta del ejército panameño; luego llegaría la invasión por parte de unos 26,000 soldados de infantería.

El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el Aeropuerto de Punta Paitilla, el Cuartel Central, en el barrio de El Chorrillo, el Cuartel de Tinajitas, el Cuartel de Panamá Viejo, el Cuartel de Los Pumas, la base militar de Río Hato (donde funcionaba el instituto militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación castrense) o la Base Naval de Coco Solo. EE.UU utilizó un armamento de última generación, como los aviones Stealth F-117 o los helicópteros Apache, contra un ejército muy poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento norteamericano, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares.

No hubo ninguna declaración de guerra y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de Estados Americanos (OEA). La operación duró pocos días ante la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada. Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica; posteriormente se entregaría a las fuerzas de ocupación. Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de EE.UU durante la operación.

En los días siguientes a la intervención, debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas norteamericanas, se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo, aumentando las pérdidas materiales.

Según fuentes oficiales, en los enfrentamientos murieron 23 soldados estadounidenses. Las bajas panameñas, militares y civiles, no fueron concretadas. Se habló de varios cientos o varios miles de muertos según la fuente.

Consecuencias

Humanas

Algunas fuentes estiman en más de 3,000 los muertos como consecuencia de los bombardeos de El Chorrillo, y que aproximadamente 20 mil personas perdieron sus hogares y nunca fueron compensadas. Las víctimas de esta ofensiva fueron denominadas por el Gobierno estadounidense como "daños colaterales" para evitar que la opinión pública del país se volviera en su contra.

Económicas

La invasión conllevó daños materiales. El barrio de El Chorrillo fue casi destruído en su totalidad. Edificios públicos, escuelas, aeropuertos, viviendas, etc., sufrieron daños. Los saqueos aumentaron las pérdidas económicas que se unían a la situación de crisis que ya sufría el país. El congreso norteamericano no compensó a Panamá por los daños causados, en contra de lo prometido.

Políticas

Noriega fue llevado a EE.UU y condenado a 40 años de prisión. Guillermo Endara, ganador de las elecciones anuladas de mayo 1989, prestó juramento en una base militar estadounidense en la Zona del Canal como presidente en un país con presencia temporal de tropas de ocupación.

Noriega, el mal necesario (1968-1984).

Noriega fue el producto de una junta militar liderada por el General Omar Torrijos que derrocó al gobierno panameño en 1968. Noriega había sido una pieza clave para que Torrijos pudiera sobrevivir a su propio golpe en 1969. Tal lealtad fue recompensada y, finalmente, él llegó a la comandancia de las fuerzas militares de Panamá en 1983.

Poco tiempo después de asumir el mando, influyó en forma ilegal en las elecciones nacionales de 1984, con la intención de reforzar la influencia militar sobre el gobierno panameño. Fue el "ingeniero" de la elección del Presidente Nicolás Barletta, candidato de las fuerzas armadas y considerado personalmente leal a Noriega y entregado a su causa. Algunos observadores creen que Estados Unidos hizo caso omiso del fraude electoral porque permitía el arribo al poder de un gobierno que era favorable a los intereses norteamericanos.

Si bien Panamá tenía un gobierno democráticamente electo, el poder real quedaba en manos de los militares y Noriega estaba a cargo.

El gobierno de los Estados Unidos hacía tiempo que consideraba a Noriega un personaje nefasto entre cuyos excesos se contaban el tráfico de drogas, el lavado de dinero y asesinatos. Aun así, EE.UU. ignoraba sus delitos a fin de asegurar los intereses nacionales que se consideraban más vitales que oficiar de policía ante las prácticas corruptas en Panamá.

La política exterior norteamericana estaba centrada en cambio, en dos amenazas estratégicas que emanaban en la región: la insurgencia inspirada por el comunismo contra gobiernos apoyados por los EE.UU. en América Central y el tráfico de drogas que ya preocupaba profundamente en el orden interno.

Nicaragua y la invasión comunista eran los dos puntos centrales de la política regional estadounidense. Aunque en forma subsidiaria, Estados Unidos reconocía que también tenía intereses críticos para la seguridad en Panamá: el acceso a las bases e instalaciones estadounidenses en Panamá, la implementación de los tratados del Canal de Panamá, el apoyo a los Contras (fuerzas militares anticomunistas) que operaban en Nicaragua y El Salvador y la continuación de las operaciones de inteligencia cuyos objetivos eran Cuba y otros países latinoamericanos.

Se consideraba a Noriega un aliado esencial para proteger esos intereses. Varias agencias de los EE.UU., la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) y posteriormente la Agencia de Control de Drogas (DEA), habían utilizado a Noriega para proteger los intereses estadounidenses.

Los años que vivimos en peligro (1985-1987).

EE.UU. comenzó a tener serios problemas con Noriega en 1985, cuando un respetado oponente político, el Dr. Hugh Spadafora, fue brutalmente torturado y asesinado por la Fuerza de Defensa de Panamá (FDP). Spadafora había hecho extensas y bien fundadas acusaciones sobre la participación de Noriega en el tráfico de drogas y otras actividades ilegales, que habían atraído importante atención internacional.

La mayoría de los panameños conocían y tenían en alta estima a Spadafora. Cuando se descubrió su asesinato cundió la ira. Cuando el reclamo popular llegó a niveles que no podían ignorarse, Barletta debió ordenar a Noriega renunciar como Comandante de la Fuerza de Defensa de Panamá mientras se investigaba el crimen. Noriega respondió forzando a Barletta a renunciar, reprimiendo todo intento de investigar o hacer público el crimen y llevando a la presidencia a un títere más confiable.

El asesinato de una figura popular opositora a Noriega y la deposición de un presidente electo recibieron, por primera vez en EE.UU., una extensa cobertura periodística. Los medios comenzaron a retratar a Noriega como un dictador corrupto que enviaba drogas a Estados Unidos, protegía a los líderes de los carteles, apoyaba a los terroristas, lavaba dinero ilegal proveniente del tráfico de estupefacientes y reprimía brutalmente la democracia en su país.

Estas acusaciones llevaron a interrogatorios en el Congreso donde se cuestionó al gobierno y en particular a la DEA, quienes debieron defender su continuado, aunque renuente apoyo a Noriega en pro de la defensa de los más grandes intereses de seguridad de los EE.UU. en la región.

El ultraconservador Senador Jesse Helms, quien se había resistido a la devolución del Canal de Panamá, fue particularmente crítico respecto del apoyo del Gobierno a Noriega. Él pensaba que Noriega era demasiado corrupto como para que se le pudiera confiar el Canal de Panamá.

En su carácter de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Helms trató de liderar un movimiento de mayor dureza hacia Noriega, pero su postura reticente a abandonar el control del canal no permitió que su posición contra Noriega lograra apoyos significativos. El hombre clave del gobierno en América Central, Subsecretario de Estado Elliot Abrams, también logró desactivar muchas de las críticas haciendo resaltar el beneficio de continuar apoyando a Noriega.

El Senador Helms no logró que el público se interesara en la cuestión de Panamá y, al no tener apoyo en el Congreso para su postura anti-Noriega, pronto se esfumaron las críticas a este último.

La prensa, en cambio, comenzó a prestarle mucha atención a Noriega y a su actividad en el tráfico de drogas en 1986.

El New York Times publicó una serie de artículos de investigación en los que se revelaban sus extendidas conexiones con los traficantes y con la CIA. Estas acusaciones pegaron en la conciencia norteamericana que estaba comenzando a darse cuenta de su creciente y serio problema de drogas. Las revelaciones del New York Times provocaron mayor cobertura por parte de otras agencias de noticias, lo que comenzó a elevar el sentimiento anti-Noriega entre el público norteamericano.

Tal preocupación se elevó aun más cuando a principios de 1987, el Coronel Díaz Herrera, segundo en la cadena de mando de Noriega, hizo públicas numerosas acusaciones de corrupción en contra de Noriega, a raíz de que este último se negara a retirarse en 1986 y dejarle las riendas de las FDP, tal como se había acordado con anterioridad.

Sus acusaciones llevaron a grandes manifestaciones del pueblo cuando los panameños salieron a las calles para demostrar su ira contra Noriega y el reinado de brutalidad y corrupción de las FDP durante su liderazgo.

Mientras continuaban las demandas de la salida de Noriega del poder en la primavera de 1987, éste respondió con dureza a la oposición reprimiendo brutalmente las manifestaciones mediante el uso de una fuerza policial anti tumultos y declarando un estado de emergencia que prohibió nuevas demostraciones en su contra.

Mientras la situación en Panamá empeoraba, en junio de 1987 se produjo un cambio de mandos en el Comando Sur (SOUTHCOM) de EE.UU., que tenía su sede en Panamá. El SOUTHCOM era responsable de todos los asuntos militares que afectaban a Panamá. El nuevo comandante, Gral. Frederick F. Woermer, Jr. tenía gran experiencia en asuntos latinoamericanos, hablaba perfecto español, conocía a Noriega y comprendía las cuestiones que estaban en juego en Panamá. En su discurso de asunción de la comandancia del SOUTHCOM dejó en claro que Noriega debía devolver el control del gobierno de Panamá a los civiles. Las palabras del Gral. Woerner desataron la ira de Noriega quien acentuó el maltrato a los soldados estadounidenses y sus mujeres residentes en Panamá. Woerner se dio cuenta rápidamente de que Noriega no se retiraría por propia voluntad y que probablemente se haría necesario utilizar la fuerza. Instruyó a su estado mayor para que comenzara a planificar la intervención militar de los EE.UU.

También el Congreso de los EE.UU. comenzó a interesarse en la cuestión de Panamá a mediados de 1987 cuando las audiencias por la cuestión Irán-Contras revelaron detalles de actividades ilícitas de los EE.UU. en Panamá.

Los representantes se enteraron de que miembros del Consejo Nacional de Seguridad (el Almirante Poindexter y el Teniente Coronel North) habían utilizado a Noriega para evadir las restricciones que el Congreso había impuesto en 1983 a la ayuda a los Contras de Nicaragua. Se había utilizado a Noriega para que el Gobierno comprara y entregara armas a los contras utilizando las ganancias de la droga mediante diferentes esquemas, incluido el transporte y venta de cocaína desde Panamá a los EE.UU.

Estas revelaciones y la continuada cobertura negativa en los medios sobre el propio Noriega obligaron a revisar la política de los EE.UU. en Panamá y llevaron al Senado a promulgar una resolución que exigía a Noriega y sus asesores más importantes a abandonar el poder inmediatamente. Noriega reaccionó con enojo y acusó a los EE.UU. de interferir en los asuntos internos de Panamá e instigó ataques populares a las instalaciones de los EE.UU. y a la misma embajada de los EE.UU. Además, acentuó su represión de las manifestaciones del pueblo y suspendió la libertad de prensa.

Estados Unidos respondió con la suspensión de toda ayuda militar a Panamá y cercenó todos los contactos entre los militares estadounidenses y las FDP. Lo más significativo fue que la CIA cortó todos sus lazos con Noriega interrumpiendo de ese modo una relación que se había prolongado por 20 años.

Para entonces, el gobierno de Reagan había llegado a la conclusión de que Noriega debía ser eliminado. Pero, no había consenso sobre cómo lograr este objetivo. Siempre se supo que el Presidente Reagan era muy renuente a resolver las disputas sobre políticas entre sus asesores importantes, y los medios y la manera en que había que librarse de Noriega no fueron una excepción. El Departamento de Estado, encabezado por Elliot Abrams, y la Plana Mayor del NSC (Consejo de Seguridad Nacional) querían deponer a Noriega inmediatamente y estaban totalmente dispuestos a utilizar toda la presión diplomática posible para arrinconarlo, apoyando un golpe desde dentro de las filas de las FDP para deponerlo.

El Departamento de Defensa y la CIA no apoyaban un derrocamiento rápido de Noriega. No tenían un reemplazante capaz de mantener a las FDP bajo control y al país unido hasta tanto se pudiera elegir un líder democrático. También temían que Noriega reaccionara violentamente a cualquier intento serio de removerlo del poder, lo que pondría en peligro a los cerca de 50.000 norteamericanos que vivían en Panamá.

Ante los ojos del Departamento de Defensa y de la CIA, si bien Noriega tenía sus desventajas, no había alternativas reales que pudieran suplantarlo. Tenían la visión de que los EE.UU. no debían tomar medida alguna hasta tanto los panameños no iniciaran un proceso serio para desplazarlo del poder.

Tampoco los medios norteamericanos en 1987 estaban haciendo ninguna presión en contra de Noriega. Estaban todos concentrados en los interrogatorios del caso Irán-Contra y el papel que los altos funcionarios del gobierno habían tenido en el hecho.

Ante la falta de un neto consenso entre sus asesores principales, el Presidente Reagan fue persuadido para intentar convencer a Noriega de que abandonara el poder. Todo esfuerzo en ese sentido fracasó debido a la falta de un mensaje claro que hiciera comprender a Noriega de que debía retirarse.

No menos de tres emisarios fueron enviados entre fines de 1987 y principios de 1988 pero cada uno de ellos le dio con un mensaje diferente sobre cuándo debía renunciar (y aun si ello era posible). En consecuencia, Noriega recibió la impresión de que no existía consenso en el Gobierno respecto de su partida. Al no haber una decidida intervención estadounidense, Noriega no encontró motivos para abandonar su tan lucrativa situación.

Las opciones se acaban (1988).

La situación del Gobierno de Reagan con respecto a Noriega se tornó aun peor en febrero de 1988, cuando el Departamento de Justicia de los EE.UU. lo acusó por tráfico de drogas y lavado de dinero en Florida. Esas acusaciones lo ligaban directamente con los carteles de la droga que contrabandeaban cocaína a los Estados Unidos.

También ponían al gobierno y a la DEA en una situación embarazosa, por considerar a Noriega como uno de sus mejores recursos en la guerra contra las drogas. Noriega siempre había cumplido con las solicitudes de la DEA y cultivado la imagen de que estaba fuertemente comprometido con la guerra norteamericana contra las drogas, pero se hacía evidente que él había ejercido esta cooperación para su beneficio personal.

Para mayor incomodidad del Gobierno, sin embargo, había una total falta de coordinación entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado y el Gobierno sobre el tema de las condenas. El Departamento de Justicia tiene la cultura de operar en forma independiente y mantenerse apartado de las consideraciones políticas en su esfuerzo por someter a los criminales a la justicia. En consecuencia, ni el Presidente Reagan ni el Secretario de Estado George Schultz habían sido prevenidos por anticipado de que el jefe de un estado soberano iba a ser condenado por el cargo de tráfico de drogas.

Las condenas del Estado de Florida, junto con los fracasados intentos del Gobierno estadounidense de lograr que Noriega renunciara voluntariamente, pusieron en claro que sería necesaria una acción más enérgica para desplazar a Noriega.

El asunto empeoraba porque los índices de aprobación de la gestión Reagan decaían y en julio de 1988 su manejo de la situación de Panamá lo había dejado con menos del 30% de aprobación. Era necesario hacer algo, pero una vez más, la administración estaba dividida en sus opiniones sobre cómo lograr el objetivo.

El Departamento de Estado fue el primero en proponer el uso de las fuerzas militares para deponer a Noriega del poder en Panamá. Elliot Abrams, Subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, fue quien diseñó esta política. Abrams era un hombre de la más alta confianza personal del Secretario de Estado George Schultz, pero su estilo abrasivo y arrogante lo hacían antipático a los ojos de todos los demás asesores presidenciales de alto rango. Pero Schultz estaba conforme con dejar que Abrams fijara la política del Departamento de Estado hacia Panamá y Centro América, puesto que su atención estaba centrada en los problemas más apremiantes de la Unión Soviética y Medio Oriente.

La atención de Abrams en Panamá llegó tarde. Inicialmente toda su atención en América Central estaba dominada por Nicaragua y el gobierno Sandinista, que había subido al poder en 1979. Muchos pensaban que Abrams se había obsesionado con deponer al gobierno sandinista. Cuando todas las operaciones ilegales de los EE.UU. en ese país quedaron al descubierto y debieron dejarse sin efecto a raíz del escándalo Irán-Contra, el papel de Abrams fue objeto de críticas muy severas.

Su reputación y credibilidad entre los miembros del Congreso quedaron muy dañadas por la falta de sinceridad durante los interrogatorios y por el apoyo que el Gobierno había prestado a los Contras.

Sus críticos lo acusaban de que su nuevo interés en Panamá y Noriega era sólo un intento de reconstruir su crédito ante el Congreso y otros detractores.

A medida que se reveló la obstinación de Noriega por permanecer en el poder, Abrams se convenció de que el mejor, y quizás único instrumento para desplazarlo de la escena era utilizar el poder militar de Estados Unidos. Él convenció al Secretario Schultz de que la intervención militar era el mejor curso de acción.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto (CJCS), Almirante William Crowe, se oponía fuertemente a Abrams y Schultz en el uso de la fuerza militar en Panamá y tenía muy buenas razones para hacerlo:

· Si se implementaban las acciones desde las bases ubicadas en Panamá para derrocar el régimen imperante, se pondrían en riesgo los derechos de los EE.UU. de mantener bases en otros países, con cuyos anfitriones EE.UU. mantenía cuestiones sensibles;

· Había 50.000 estadounidenses viviendo en suelo panameño y todos estarían en riesgo si EE.UU. lanzaba acciones militares;

· El uso de la fuerza militar contra Panamá reforzaría la percepción de abuso del poder "Yanqui" en un momento en que las ideologías comunistas estaban logrando establecer bases en la región.

Había otras razones igualmente poderosas para la resistencia de Crowe: Noriega permitía que EE.UU. usara sus bases en Panamá, para espiar a los países vecinos y entrenar otras fuerzas militares de la región en flagrante violación de los tratados del Canal. Otro líder podía no ser tan pasivo ante tales operaciones.

Cuando el Departamento de Estado y Abrams proponían cualquier forma de intervención militar, Crowe y la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas se oponían con detalles de los costos, riesgos y obstáculos inherentes a tal intervención.

Un ejemplo ilustrativo fue una cuestionable estimación de Defensa, la cual mostraba que la evacuación de los no combatientes de Panamá antes de las acciones militares costaría más de U$S 100 millones y demoraría por lo menos 7 meses. La posición de Crowe estaba aún más fortalecida por el reforzamiento del cargo de Jefe de Estado Mayor Conjunto a partir de la Ley Goldwater-Nichols de Reorganización del Departamento de Defensa en 1986.

En virtud de la misma, ahora él era el asesor militar principal del Presidente y ya no tenía que lograr ningún consenso entre los otros jefes de las fuerzas ni del Secretario de Defensa. Crowe tenía fuertes reservas sobre la conveniencia de una participación militar en Panamá y frecuentemente chocaba con Abrams a este respecto. Se dice que lo consideraba "un hombre peligroso que seguía una política riesgosa... un ideólogo fuera de control."

Abrams, a su vez, consideraba que la renuencia de Crowe a utilizar la fuerza militar era "una precaución militar mal aconsejada por la experiencia post Vietnam."

El Gobierno de Reagan se mantuvo dividido durante todo 1988 sobre la cuestión de adoptar o no la opción militar para resolver el problema panameño. El Departamento de Estado, liderado por Elliot Abrams abogaba por al menos el uso limitado de la fuerza para capturar a Noriega y someterlo a la justicia en EE.UU.

El Departamento de Defensa, por su parte, señalaba los problemas prácticos de tales operaciones y planteaba la cuestión de que las FDP podrían responder tomando rehenes norteamericanos para recuperar a Noriega. La CIA también se mostraba renuente a apoyar una operación militar contra Noriega, ya que estaba apenas saliendo de los efectos de la revelación sobre su actuación en el escándalo Irán-Contras.

Su nuevo director no estaba interesado en participar en una acción que podía resultar controvertida y atraer más atención y descrédito hacia la agencia.

La investigación de la Comisión Tower sobre el caso Irán-Contras acababa de emitir su informe, en el que criticaba severamente al Consejo Nacional de Seguridad por violar el proceso normal de toma de decisiones de seguridad de la nación. En consecuencia, Carlucci no tenía disposición a apoyar otra aventura militar en Centroamérica.

Cuando el General Colin Powell reemplazó a Carlucci, que había cruzado el Potomac para convertirse en Secretario de Defensa, el Pentágono se encontró realmente en condiciones de bloquear todo apoyo presidencial a cualquier acción militar en 1988.

Todo deseo de Washington para implementar alguna medida contundente en contra de Noriega se vio atemperado por las elecciones presidenciales de 1988. La administración Republicana necesitaba correr una cortina sobre el problema de Panamá, para que no se convirtiera en un tema de campaña que los Demócratas pudieran utilizar en contra del Vice-Presidente Bush.

Aunque se había descartado la opción militar, el Presidente Reagan reconocía que algo había que hacer con Noriega. Por lo tanto, se autorizaron sanciones económicas en contra de Panamá.

Panamá era altamente sensible a la presión económica de los EE.UU. ya que su economía estaba fuertemente ligada a la de los EE.UU. y utilizaba el dólar norteamericano como moneda. Como no pudo lograr apoyo para emprender acciones militares, el Departamento de Estado abogó por invocar la Ley de Poderes Económicos para Emergencias (IEEPA) para aislar a Panamá.

Bloqueando la transferencia de fondos hacia y desde el país, EE.UU. podía negarle a Noriega el dinero que él necesitaba para pagar a los militares y los empleados públicos, que representaban los últimos vestigios de su poder. Sin ese apoyo, se teorizaba, los mismos panameños obligaría a Noriega a abandonar el poder.

La administración estaba totalmente dividida respecto de si las sanciones económicas debían ser muy severas. El Secretario del Tesoro, James Baker, se oponía abiertamente a las sanciones económicas contra Panamá. Sostenía que aplicar la IEEPA era como "utilizar una bomba atómica para matar una mosca." Su posición estaba influida además por la preocupación por los numerosos banco y empresas norteamericanas que operaban en Panamá y que podrían verse afectados por las sanciones.

Hasta el Secretario de Estado Schultz tenía sus dudas respecto de la eficacia de las sanciones económicas, en vista de que Noriega y sus acólitos obtenían la mayor parte de su dinero en forma ilegal y no dependían de la economía local. El Secretario de Defensa Carlucci sostenía que la IEEPA sólo serviría para galvanizar la resolución de Noriega de mantenerse en el poder. Esta posición era compartida por el General Powell y el Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Howard Baker, y ambos proponían acciones menos drásticas.

A pesar de todas las reservas, el Presidente Reagan siguió adelante con las sanciones aunque permitió que se cambiara el plan. Las sanciones se demoraron por los problemas prácticos que la burocracia encontraba para implementar las sanciones económicas a Panamá en forma completa. En primer lugar, estaba la cuestión de cómo se haría para que los varios miles de empleados norteamericanos y panameños del Canal de Panamá recibieran su paga.

Dejar de pagarles implicaría el riesgo de que el canal se cerrara. Además, había oficinas e instalaciones norteamericanas (la embajada y el SOUTHCOM, por ejemplo) que debían pagar las facturas de servicios o cerrarse. Y finalmente, como temía Baker, muchas empresas y bancos norteamericanos comenzaron una campaña para obtener excepciones que los protegieran de las grandes pérdidas que sufrirían, si se aplicaban las sanciones en forma total.

Al final, las sanciones se demoraron más de dos meses y nunca se aplicaron en forma completa debido a que la burocracia no dejaba de lidiar con los numeroso pedidos de excepción. El resultado fue que las sanciones terminaron teniendo un efecto mucho menor que el que pudieron haber tenido.

Al acercarse el final del período Reagan, se determinó que Estados Unidos tenía que esperar que la solución para Panamá se presentara como un levantamiento popular como el que había sacado a Marcos del poder en Filipinas, o un golpe de estado. Algunos abrigaban la esperanza de que fueran las elecciones de 1989 en Panamá las que sacaran a Noriega del poder.


¿Por qué la invasión a Panamá?
Michael Shifter
Director, Diálogo Interamericano, Washington

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que George W. Bush no será recordado como un gran presidente en lo que respecta a sus políticas para América Latina.

Pero lo mismo no puede decirse de su padre, George H. W. Bush (1988 - 1992), quien hizo mucho para mejorar las relaciones interamericanas en temas como el comercio, la democracia, la deuda y la paz en Centroamérica.

Sin embargo, existe una excepción notable en la lista que, en retrospectiva, forman los grandes logros para el primer gobierno estadounidense después de la Guerra Fría.

La invasión militar de Panamá de 1989, definida por la captura y la detención del gobernante de facto Manuel Antonio Noriega, tuvo todos los rasgos de una intervención al estilo de la Guerra Fría. O para mencionar un ejemplo más reciente, la guerra en Irak.

Vea también: Tras las huellas de Noriega

El caso de Panamá

En Panamá, EE.UU. llevó a cabo el primer despliegue de tropas a gran escala desde Vietnam y una misión militar que coincidió con el fin de la Guerra Fría.

Al igual que en otras instancias de la diplomacia de las cañoneras, la invasión a Panamá fue completamente unilateral y una violación a las leyes internacionales.

Cualquier crítica a la invasión no significa, por supuesto, simpatía por Noriega, quien será en breve liberado de una prisión en Miami después de haber cumplido una condena de 17 años por tráfico de drogas y lavado de dinero, y que deberá responder por los mismos cargos en Francia.

El gobierno autocrático de Noriega, anclado en las Fuerzas de Defensa de Panamá, estaba en franca contradicción con la ola democrática que iba ganando terreno en ese momento en América Latina.

Es más, en ese entonces Washington tenía conocimiento de su participación en el tráfico de drogas.

Vea también: Un antes y un después

Razones y factores

Pero, ¿por qué entonces el primer gobierno de Bush decide ir en contra de su misma agenda, más constructiva, para el resto de América Latina?

Es difícil saber, pero son varios los factores que parecen haber contribuido. Un hecho es significativo: Noriega había estado en la nómina de la CIA en los años 70 y 80, pero terminó trabajando con dos de los principales adversarios de Washington en la región: el cartel de Medellín y el gobierno cubano.

Noriega logró irritar a las autoridades estadounidenses jugando para ambos bandos. Gracias al apoyo con el que contaba dentro de la CIA y las divisiones internas del gobierno estadounidense, el presidente panameño creía que EE.UU. nunca sería capaz de utilizar la fuerza para sacarlo del poder.

El deseo de Washington de proteger el Canal de Panamá no hizo más que incentivar la postura desafiante de Noriega.

Si bien un tratado de 1978 establecía que el control del canal pasaría de manos de EE.UU. a Panamá en 2000, intereses económicos y estratégicos clave seguían estando en juego y por tanto se convirtieron en otro factor influyente a la hora de tomar la decisión de invadir el país centroamericano.

Además, el hecho de que las Fuerzas de Defensa de Noriega acosaban al personal estadounidense en el canal aumentó la preocupación en Washington.

Más justificaciones

Las políticas internas de Washington también cumplieron un papel en la decisión de enviar tropas a Panamá. Con la desintegración de la Unión Soviética y la emergencia de EE.UU. como único superpoder, los políticos de línea dura comenzaron a presionar a Bush para que reafirmara su poder, sobre todo a la luz de las repetidas provocaciones de Noriega.

Es más, durante su campaña presidencial de 1988, Bush puso énfasis en la lucha contra las drogas y las conexiones evidentes de Noriega y el narcotráfico le daban la posibilidad de mostrar que su posición frente a este tema era terminante.

Asimismo, le permitía contradecir la imagen de que era más débil que su predecesor, Ronald Reagan.

La percepción de Noriega sobre la burocracia estadounidense era correcta: estaban divididos en cuanto a usar o no la fuerza en Panamá. Pero finalmente, los argumentos a favor de una invasión militar ganaron terreno.

El legado

Lo interesante es que la mayoría de los líderes latinoamericanos fueron ambivalentes respecto de la invasión y la Organización de Estados Americanos (OEA) se negó a asumir una posición firme.

Dejando de lado los delitos indefendibles de Noriega, esta aceptación tácita se debió en parte a la enorme influencia de EE.UU. en Panamá durante el siglo XX.

Prevalecía la sensación de que la Casa Blanca estaba arreglando el lío que había creado más que instalando un nuevo régimen.

Es muy tentador pensar que desde la invasión de 1989, EE.UU. ha abandonado el hábito de intervenir militarmente en Centroamérica y el Caribe, (después de todo, en contraste con Panamá, el uso de la fuerza en Haití en 1994 fue aprobado por Naciones Unidas). Esperemos que así sea.



Y a medida que la saga de Noriega se desarrolla en Francia y la impopular guerra en Irak sigue su curso, es bueno reflexionar sobre la invasión ilegal de hace dos décadas que dejó una mancha en el récord de George H. W. Bush sobre su relación con América Latina.