EL CARACAZO ( 27 Y 28 FEBRERO 1989)

El caracazo o sacudón fue una masacre realizada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez contra manifestantes que habían creado una fuerte ola de protestas y saqueos ocurridos el 27 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cercana a Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, recordando a otro hecho ocurrido muchos años antes en Colombia; el bogotazo.

Antecedentes

La economía venezolana cayó paulatinamente a partir de la nacionalización de la industria petrolera en 1976. A partir de esa fecha, la inversión privada nacional comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Estas situaciones incrementaron la desinversión privada, generando una escasez gradual.

El gobierno de Carlos Andrés Pérez buscó dar un cambio al liberar la economía, a través de un programa de ajustes macroeconómicos promovido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó "Paquete Económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía del país. Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generó un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos.

Las principales medidas anunciadas fueron:

* Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares en los 3 años siguientes.
* Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%.
* Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.
* Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.
* Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
* Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
* Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina.
* Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%.
* Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo.
* Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.
* Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto.
* Congelación de cargos en la administración pública.

Fue en el gobierno del entonces presidente Pérez, cuando se decide poner en practica de manera inmediata el paquete de ajuste y de medidas económicas, financieras y fiscales. La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, tuvo como consecuencia que el paquete de medidas fuera rechazado de la manera más enfática y menos sana para el pueblo venezolano.

El 26 de febrero el ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e inter-urbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%.

Las medidas económicas y sociales impuestas por el gobierno y la creciente tasa de pobreza, originaron la masacre y la ola de violencia llamada como "el Caracazo".

Protestas y saqueos

Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 15 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia y Antimano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares habína protestas pacíficas, pero antes el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta.[1]

En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.

En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.

Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia desmesurada. En la ciudad de Caracas se activó el "Plan Ávila", el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones. Algunos utilizaron armas de fuego para defenderse o atacar a los militares, pero las muertes de policías y militares son incomparables con las muertes de civiles.

Hay un número impresionante de muertos, calculado en 300 por organismos oficiales, enormes pérdidas materiales y miles de heridos. Fuentes extraoficiales señalaron que el número de muertos fueron entre 3.000 a 10.000. La represión fue especialmente dura en los barrios pobres de la capital.[2]

El poder ejecutivo suspendió las garantías constitucionales. Durante varios días la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución y el asesinato de personas inocentes.

Consecuencias

La consecuencia evidente del caracazo fue la inestabilidad política. El programa neoliberal fue modificado. El 7 de marzo el gobierno decreta la liberación de precios. En 1992 se sucedieron dos intentos de golpe de estado, uno en febrero y otro en noviembre. Carlos Andrés Pérez fue acusado de corrupción y apartado de la presidencia, asumiendo, por decisión del Congreso Nacional, Ramón J. Velásquez, quien entregó finalmente la presidencia a su sucesor, Rafael Caldera. Hugo Chávez, organizador de uno de los golpes, fue hallado culpable de rebelión y encarcelado, perdonado por el sucesor de Pérez, Rafael Caldera, y se convierte en presidente luego de éste.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.[3] Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.[4]

En 2005 se estrenó en los cines venezolanos "Caracazo", una película dirigida por Román Chalbaud, cuyo argumento está basado en los sucesos del mismo.

DEL CARACAZO AL REFORMAZO

Por: Braulio Jatar Alonso

La situación luce complicada para la propuesta de reforma constitucional. Advertimos desde el comienzo, que la misma estaba plagada de contenidos que no se correspondían con una Constitución progresista. A los errores iniciales se sumaron, con mayor ceguera, los de la Asamblea Nacional, de tal forma que ahora tenemos una proposición que se ha convertido en un adefesio jurídico, por la inclusión masiva de artículos que en nada se relacionan con los presentados inicialmente por el Presidente de la República. De allí que ahora se plantea llevarla a referendo popular en por lo menos dos bloques.

Hemos advertido que no han reformado, sino deformado, una de las mejores constituciones que existen en nuestro hemisferio. Es contrario a norma, el que la Asamblea Nacional haya usurpado la potestad del proponente inicial de la reforma, de tal manera que hayan sobrepasado el número de artículos que originalmente se habían consignado al cuerpo parlamentario. Al final la jactancia de algunos, quienes se creen dueños de la verdad por ser dueños del poder, dejó al descubierto un afán por protegerse mas a ellos mismos que al pueblo que los eligió, tal y como se evidenció en la reforma del artículo 337, en donde se aplicó un antihistórico retroceso a logros conquistados en materia de derechos humanos, lo cual denunciamos con fuerza de la misma forma, como en su momento lo hizo Provea, Tarek William Saab o el propio José Vicente Rangel.

Las encuestas a las que tenemos acceso, demuestran un alto rechazo a la reelección presidencial y a la excesiva concentración de poderes en una sola persona. Se ha subestimado la capacidad de análisis del pueblo y sobreestimado el liderazgo del Presidente de la República, cuando se ha construido una propuesta constitucional pensada más en el ejercicio del gobierno. La oferta de reducción de la jornada de trabajo, así como la inclusión de otras legítimas reivindicaciones a nuestro pueblo, han sido moderadamente aceptadas por lo que, no han logrado cambiar la tendencia hacia la improbación de la propuesta de reforma o a la aprobación de ésta por un estrecho margen.

El Caracazo significó el inicio del declive de la imagen de Carlos Andrés Pérez, tan solo días después de ser reelecto, cuando su soberbia se encontró de frente con un pueblo que vomito indignación por el ejercicio abusivo del poder. La historia es reciente, pero parece que muchos, ahora la olvidan, embutidos en poltronas que hasta hace nada ocupaban quienes al presente califican como sus enemigos irreconciliables.

No somos de los que anticipamos que si la propuesta es rechazada o logra imponerse por un estrecho margen, las cosas se quedaran allí. Hemos advertido que el Presidente se está “jugando a Rosalinda” en este lance, y no tenemos la menor duda que una derrota o una victoria pírrica en este caso, lanzarían a Venezuela hacia una nueva espiral de inestabilidad política, que nos llevaría directo a situaciones de reciente sello.

Si las encuestas siguen marcando una tendencia en contra de la reforma constitucional, la solución no será separarla por bloques, sino retirarla antes de que sea demasiado tarde para volver atrás. El “Caracazo” tomó por sorpresa a casi todos; en el “reformazo” no habrá quienes no estén advertidos o preparados. Por la paz de la República es hora de rectificar.

ojala esa historia no se repita pero las consecuencias estan dadas para una explosion del pueblo ... un pueblo que tiene hambre, un pueblo engañadfo y atormentado , secuestrado y recluido por el hampa ... tanto oficial como de su mismo pueblo.