27 y 28 de febrero de 1989

l poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente "paquete económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.

En términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.

Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media y alta. En cuanto a los protagonistas de los actos vandálicos, tenemos que los mismos fueron perpetrados en su mayor parte por sujetos de estratos populares, aunque también estuvieron involucrados individuos pertenecientes a la clase media.

Los actos de violencia del 27 de febrero de 1989 se iniciaron en Guarenas (Edo. Miranda) y en algunas zonas del área metropolitana de Caracas como Caricuao, los alrededores del Nuevo Circo y La Guaira. Posteriormente, la onda de violencia de extendió a otras zonas del área metropolitana de Caracas y las principales ciudades del interior del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana. El estallido tuvo un carácter espontáneo; es decir, las acciones no fueron dirigidas por organizaciones partidistas o de otro tipo, y en ellas se combinaron actos violentos de protesta popular, junto con hechos de evidente orientación delictiva. Aunque el alza de los precios de los pasajes del transporte colectivo fue el detonante de los hechos del 27 de febrero, para comienzos de 1989 se vivía en el país un gran desasosiego ante las expectativas y conflictos generados en torno al cambio de rumbo de la política económica llevado a cabo por Carlos Andrés Pérez y su gabinete. Por otra parte, esta situación de vio agravada a lo largo de enero y febrero de 1989, cuando se desató el acaparamiento y la especulación con los productos de primera necesidad, lo que causó desabastecimiento e inflación. Es por ello que luego de la inicial reacción en contra de los transportistas y sus unidades, la acción popular se extendió en contra de los locales comerciales de expendio de bienes de consumo, en cuyos depósitos fueron encontrados muchos de los productos que habían desaparecido en los meses que precedieron al estallido.

Dado el carácter simultáneo, masivo, sorpresivo y violento de los acontecimientos del 27 de febrero, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas por los mismos, dando la impresión de no saber como actuar ante un fenómeno de violencia social de tal magnitud. En virtud del desbordamiento de la situación, hacia el mediodía del día 28 el presidente Pérez, reunido con el Consejo de Ministros, ordenó a la Guardia Nacional y al Ejército reprimir los disturbios. Igualmente decretó el estado de emergencia, previsto en el artículo 240 de la Constitución de 1961, con lo que quedaron suspendidas un grupo de garantías constitucionales durante los 10 días siguientes. Las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público y se estableció un toque de queda a lo largo del territorio nacional. Pasados los 10 días, el presidente Pérez solicitó la autorización del Congreso para mantener el estado de emergencia, la cual fue concedida aun cuando se restituyeron algunas garantías y se suprimió el toque de queda. Como consecuencia de los actos de saqueo que siguieron durante la suspensión de las garantías y la paralización del país, se produjeron enormes pérdidas para los dueños de los locales comerciales y de los transportes urbanos. El balance de perdidas humanas dejado por los hechos del 27 de febrero de 1989 fue según cifras oficiales de 300 muertos y más de un millar de heridos. Sin embargo, de acuerdo con algunos reportes extraoficiales el número de muertos llegó al millar. La mayor porción de las víctimas de este estallido resultó a consecuencia de la intervención de la Guardia Nacional y del Ejército en el control del orden público, lo sería repudiado y serviría de justificación para los militares que se alzaron el 4 de febrero de 1992.

En términos generales, las condiciones socioeconómicas generadas a partir del 18 de febrero de 1983, cuando tuvo lugar una drástica devaluación del bolívar, y acentuadas por las irregularidades en el intercambio económico ocurridas durante los últimos meses de 1988 y primeros de 1989, crearon en la población fuertes sentimientos de frustración socioeconómica y falta de credibilidad en la capacidad y voluntad de las autoridades públicas y de los agentes económicos para actuar con seguridad y equidad. Por otro lado, el proceso electoral de 1988 había generado ciertas expectativas de superación socioeconómica y política del país, sobretodo en torno a la figura de Carlos Andrés Pérez quien de alguna manera prometió durante la campaña electoral la posibilidad de la vuelta a la bonanza económica experimentada en su primer mandato (1974-1979). Sin embargo, el anunció del programa económico liquidó las ilusiones de la población y acentuó el desencanto no sólo hacia el gobierno de Pérez sino hacia un sistema político que evidenciaba la carencia de canales adecuados para la participación política y social. Por tal motivo, a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron severamente cuestionados los partidos y organizaciones políticas (sobretodo AD y COPEI), al ser presentados como factores contrarios al cambio y sordos a las necesidades de la población, lo cual se evidenciaría en la situación crítica que se experimentó en los años venideros, y que daría paso a dos golpes de Estado en 1992.

El 27 de febrero

El ministerio de Energía y Minas anuncia el alza de los precios de la gasolina para el 26 de febrero (Bs. 2,75 la alta y a Bs. 2,55 la baja) y autoriza un incremento del 30% en el pasaje del transporte público. Es la gota que rebosa el vaso. Se desata la ira popular. La reacción comienza en Guarenas, como protesta por el aumento en los precios del transporte colectivo. Durante varias horas en la mañana del 27 de febrero de 1989 la gente se ve bajando de los cerros de Caracas; la televisión comienza a transmitir las primeras escenas de saqueos que se llevan a cabo de manera extrañamente pacífica, inicialmente con la benevolencia policial. Motines y saqueos de pronto adquieren particular violencia. El 28, los cuerpos de seguridad comprueban su ineficacia. El Ejecutivo suspende las garantías y decreta el toque de queda, hecho inédito para la población joven. La gente demuestra que el “reajuste económico” no puede hacerse sin atender los problemas sociales. Hay un número impresionante de muertos, calculado en 300, enormes pérdidas materiales y queda en la mente de todo el mundo un sentimiento de temor y de miedo que el tiempo no borra. El programa de reajustes se mantiene inalterable: el 7 de marzo se decreta la liberación de precios.

Denuncias e investigaciones posteriores demostraron que el número de víctimas fue mucho mayor.



Los actos de violencia, iniciados en Guarenas, se extienden a otras zonas del área metropolitana de Caracas.


El bipartidismo aprende a perder

Una reforma constitucional de profunda significación para un país presidencialista es la elección de gobernadores en diciembre de 1989. Con la elección de gobernadores y de alcaldes se acomete el proceso de descentralización, la transferencia de competencias y la administración autónoma de recursos. Varía sustancialmente el mapa político del país. De las 20 gobernaciones existentes, AD obtiene 11; Copei 6; 1 para la Causa R; 1 para el MAS y 1 independiente.

Estas elecciones son, al mismo tiempo, el primer anuncio de la pérdida de poder del bipartidismo que en las últimas elecciones nacionales había alcanzado el 92% del total de votos. En el estado Bolívar gana las elecciones la Causa R y es electo gobernador Andrés Velásquez, un técnico medio anteriormente líder de los sindicatos de SIDOR. Acción Democrática intenta desconocer los resultados pero impresionantes jornadas de protesta popular y la amenaza de los obreros de apagar los hornos de SIDOR hacen que las autoridades electorales reconsideren su decisión y reconozcan el triunfo de Velásquez. En el estado Aragua, gana el MAS y Carlos Tablante pasa a ser gobernador. Las reformas a las que se habían resistido AD y Copei, comienzan a mostrar sus efectos democratizadores del poder.

arlos Andrés Pérez (segundo período 1989-1993)

Para las elecciones de 1988 resultó ganador Carlos Andrés Pérez, quien ejercería la presidencia, por segunda vez en su historia en el período 1989-94.

Para 1989 se realizaron las primeras elecciones de Gobernadores y Alcaldes, regidas por la nueva Ley Orgánica de Régimen Municipal, Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, y la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados.

Desequilibrios macroeconómicos, arcas del Estado exhaustas, renta petrolera insuficiente para satisfacer las crecientes demandas sociales, eran algunas de las características de la Venezuela que le tocó gobernar a CAP en 1988.

Pérez tuvo que adoptar medidas orientadas a la liberación de la economía y a la solución de la crisis social. Por un lado, una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional marcó el destino económico de la nación. Venezuela prometió a la banca equilibrio fiscal, eliminación de barreras arancelarias al comercio, devaluación del bolívar para garantizar la competitividad en los mercados externos y eliminación del Régimen de Cambios Diferenciales, entre otros compromisos.

Por otro lado, Pérez y su equipo de Ministros, implementaron una serie de medidas para disminuir el impacto de la crisis en los sectores de la sociedad con menos recursos económicos: se contempló el aumento de sueldos y salarios de los trabajadores de la administración pública, incremento del salario mínimo, un programa de becas alimentarias, creación de hogares de cuidado diario, programa de consolidación de barrios, apoyo a las microempresas, fortalecimiento de programas de salud infantil y de ambulatorios.

Pérez tuvo que enfrentar una revuelta civil, 27 y 28 de febrero de 1989, más conocida como "El Caracazo"; dos intentonas golpistas por parte de militares, 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992; y por último, el primer juicio realizado en Venezuela a un Presidente de la República por malversación de fondos.

El 8 de noviembre de 1992, el periodista José Vicente Rangel denunció la malversación de 250 millones de bolívares pertenecientes a la partida secreta del Ministerio de Relaciones Interiores. El Fiscal General de la República, para ese entonces Ramón Escovar Salom, inició el antejuicio de mérito y el 20 de mayo de 1992, la Corte Suprema de Justicia lo declaró con lugar.

El Senado autorizó el antejuicio el 21 de mayo de 1992, y Carlos Andrés Pérez tuvo que separarse de la Presidencia de la República. Octavio Lepage, Presidente del Congreso, fue designado Presidente encargado de la República.

Carlos Andrés Pérez fue consignado al Retén Judicial de El Junquito. La Corte Suprema de Justicia lo condenó posteriormente a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario. Por primera vez, desde 1958, un Presidente de la República no lograba concluir el mandato para el que fue electo.